6 de julio 2022
Lin Mendivil Alvarado
La Universidad de Sonora fue sede del taller Requisitos para la obtención de libertades condicionada y anticipada, actividad orientada a capacitar a los operadores del sistema de ejecución de penas y brindarles herramientas que les permitan unificar criterios al momento de otorgar los citados beneficios de preliberación.
Esta actividad impartida de manera híbrida, se coordinó entre el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, la Universidad de Sonora, el Patronato de reinserción social y el Sistema Estatal Penitenciario de la entidad y se contó con la participación de 175 operadores del sistema de ejecución de penas.
En la ceremonia inaugural, la vicerrectora de la Unidad Regional Centro, Luz María Durán Moreno señaló que la máxima casa de estudios participó de manera colaborativa en este esfuerzo de capacitación orientado a mejorar los procedimientos para otorgar el beneficio de la libertad anticipada establecido en la ley.
Por su parte, la titular de la Fiscalía General de Justicia en Sonora, Claudia Indira Contreras Córdova, destacó la importancia de capacitar a los trabajadores del sistema judicial y que sean los jueces y personal de la dependencia a su cargo quienes compartan sus experiencias en el citado tema, siempre a parir del pleno respeto a los derechos humanos.
La declaratoria inaugural estuvo a cargo del coordinador del Sistema Estatal Penitenciario en Sonora, Nicollino Giuseppe Mariano Cangiamilla Enríquez, quien en su participación reconoció la disposición de la Universidad de Sonora para realización esta actividad y destacó que el principio de las libertades condicionada y anticipada, es brindar este beneficio a quienes no representen un riesgo para la sociedad.
En el evento, también estuvieron la directora general de la Defensoría pública en Sonora, Ana Luisa Chávez Haro; el juez presidente de primera instancia del juzgado primero de ejecución de sanciones en el estado, Dagoberto Gómez Pacheco; la coordinadora Estatal de servicios previos de libertad condicionada de la Secretaria de Seguridad Pública, Mariela Yrene Vivas Ponce, el presidente del Patronato para la reinserción social, Jorge Pesqueira Leal; y en representación del Supremo Tribunal de Justicia, América Yescas Figueroa.